Otros cuatro campesinos asesinados en el sur de Córdoba y no existen paramilitares? Quienes son los asesinos entonces señor gobierno??

Los habitantes de Puerto Libertador y Montelíbano, de donde son los asesinados, denuncian la presencia de grupos armados en la zona.

Los hechos se conocen 10 días después de que los miembros del mismo movimiento reportaron la muerte de José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) que fue hallado en el municipio de Carepa, Antioquia.

"La zona era custodiado militarmente por la Fuerza Tarea Conjunta Nudo del Paramillo que se crearon para atacar a las FARC, contrarrestar a la insurgencia. Como están en cese bilateral, jurídicamente las brigadas móviles que hacen parte de ella pierden territorio. Lo que no se da cuenta Mindefensa es que si nos quita el Ejército y la Policía nos deja en manos del Clan del Golfo", aseguró Andrés Chica, vocero de la Marcha Patriótica.

"Condenamos al Gobierno en cabeza del ministro de Defensa por no reconocer la existencia del aparato paramilitar en estas tierras y a nivel nacional. Es reprochable que quieran invisibilizar lo que está pasando, que existe. Decir que el paramilitarismo no existe es una gran mentira. Quieren hacer ver que son hechos aislados, ajustes de cuentas y problemas maritales por los que han matado a 24 personas que están en esa tarea de dinamizar los acuerdos de paz y la implementación de los acuerdos", agrega Chica.

Las autoridades no escucharon el llamado. Hace poco más de dos días miembros de la Marcha Patriótica enviaron un comunicado al Gobierno "advirtiéndole que habían amanecido en el corregimiento de San José 40 paramilitares. Llegaron en horas de la madrugada fuertemente armados y con camuflados"

Agregan: “Desde finales del 2014 hemos venido denunciando el incremento de la presencia paramilitar en el territorio, la inexistencia de la fuerza pública y el latente riesgo en el que viven los campesinos de esta región”.

El movimiento les exigió a la Fiscalía y la Procuraduría que investiguen los crímenes ya que generan miedo en “las comunidades campesinas de la región y se convierten en actos determinadores de agresiones a las organizaciones sociales”. 

También solicitaron al Gobierno que les dan garantías de seguridad, respeten los derechos humanos y la vida. Además les pidieron a la Defensoría del Pueblo y a Naciones Unidas apoyo para realizar las denuncias, incluso ante organismos internacionales.

La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas